Comunicado
Sábado, 28 de Julio del 2018. 9:14:08 am
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Con el objetivo de compartir experiencias y coordinar acciones en el combate a la delincuencia, así como el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en materia de procuración de justicia y seguridad pública, la Procuraduría General de la República (PGR) participó en la Conferencia de Fiscales Generales de Occidente (CWAG por sus siglas en inglés) celebrada en Santa Ana Pueblo, Nuevo México.
En este foro que se desarrolló del 22 al 25 de julio, se abordaron temas como: la trata de personas; el lavado de dinero; la delincuencia cibernética; y los avances en procuración de justicia en la Unión Americana y México.
Contó con la participación de Pablo González Manterola, titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), quien presentó un enfoque gerencial para la transformación de la Procuraduría General de la República. En este planteó la necesidad de realizar estas transformaciones a través de una metodología formal, arquitectura institucional y administración del cambio.
Este plan identifica ocho ejes prioritarios: delitos financieros, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, delitos ambientales, contrabando y corrupción, considerados de alto impacto.
Por su parte, Marco Antonio Rosales García, titular de la Unidad Cibernética de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), habló sobre el trabajo que se realiza en materia de criptomoneda y blockchain.
Asimismo, Óscar Santiago Quintos, titular de la Oficina Nacional de Política de Drogas de la PGR, destacó la complejidad que representa la identificación, el muestreo y el combate al narcomenudeo en nuestro país.
La Conferencia de Fiscales Generales de Occidente, así como el Fiscal General de Arizona y el Presidente de CWAG, Mark Brnovich, y el Fiscal General de Nuevo México, Héctor Balderas, convocaron a los integrantes a este encuentro anual.
La CWAG facilita las relaciones de trabajo mediante el aporte de información oportuna, además de que proporciona un espacio para los principales funcionarios jurídicos de los estados miembros, entre ellos México a través del intercambio de información y estrategias legales.
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