Fomentará que cultura jurídica no excluya a dichas personas, coincidieron autoridades judiciales
Redacción / El Sol de Nayarit
Este jueves fue presentado a la sociedad nayarita el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al efecto estuvo en la sede del Poder Judicial del estado el coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia del máximo tribunal del país, el doctor Carlos Pérez Vázquez, y destacó que dicho protocolo pretende coadyuvar a la conformación de una cultura jurídica que tradicionalmente ha excluido y perjudicado a las personas con discapacidad.
Hoy, dijo, con una perspectiva de derechos humanos y con herramientas como dicho protocolo, la SCJN y los órganos judiciales de las entidades federativas han avanzado en el respeto de los derechos de quienes padecen limitaciones físicas o mentales y lo menos que podemos permitirnos es una regresión en este aspecto.
De igual forma se pronunció por una apropiación social del contenido de dicho documento, que tiene 134 páginas y del cual existe una versión electrónica, a fin de que se conozcan y reconozcan los derechos de las personas con discapacidad y se lleven a la práctica sus recomendaciones.
A su vez, el presidente del Poder Judicial de Nayarit, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, manifestó que tales derechos no sólo deben ser garantizados por quienes pertenecen al ámbito de la justicia sino por la sociedad en general.
En el acto celebrado en el auditorio Rey Nayar del edificio del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Enríquez Soto estimó que con el fin de no vulnerar el principio de igualdad entre las personas, los juzgadores deber ser muy objetivos y ordenados al disponer las medidas necesarias para el ejercicio pleno de derechos de quienes padecen alguna discapacidad.
Finalmente, hizo un público reconocimiento a las autoridades de la SCJN por expedir protocolos de actuación como el mencionado y manifestó la disposición de los juzgadores nayaritas a conocer y aplicar también los recién emitidos, como el relacionado con los derechos de los migrantes.
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