Éste habría sido el primer decreto de López Obrador como gobernante
Redacción/El Sol de Nayarit
Este fue instalada formalmente la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa, cuya creación fue decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 4 de diciembre de 2018, durante su primer acto como gobernante de México.
Dicho decreto presidencial ordena que todas las instancias del Poder Ejecutivo federal colaboren en cualquier situación que les sea solicitada, como parte de las investigaciones en torno al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa (víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014), y el órgano que garantizará dicha colaboración será la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia.
La comisión presidencial, explicó López Obrador durante el anuncio formulado a principios de diciembre, es para dar todas las facilidades por parte del gobierno, para que la próxima Fiscalía General de la República pueda realizar la investigación penal, con autonomía.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que da acompañamiento legal a las familias de los normalistas, explicó que la creación de esta Comisión Presidencial es necesaria, ya que, durante la pasada administración federal las instancias ordinarias de investigación penal se enfrentaron muchas veces con obstáculos que tenían una naturaleza más bien política.
Explicó, por ejemplo, "que cuando el Ministerio Público pedía cierta información a determinada autoridad, para la dependencia que tenía que contestar era muy fácil decir no lo tengo, no existe, adiós; eso pasó con el Cisen, pasó con la Sedena, pasó con la Policía Federal, y con otras instancias de gobierno, entonces, es muy importante que exista un mecanismo formal de coordinación política, que será la comisión presidencial, que impulse las gestiones necesarias para acceder a la verdad".
Esta comisión presidencial, aclaró el representante del Centro Pro, será distinta de la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa que (por orden de un Tribunal Colegiado del Poder Judicial) deberá conformar la próxima Fiscalía General de la República, con el objetivo de continuar la investigación penal de los hechos.
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