Abel Pérez Zamorano
Jueves, 12 de Mayo del 2016. 2:59:27 pm
Letra más grande
Este martes 3 de mayo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reactivó el Doble Hoy No Circula, en virtud de la contingencia ambiental al dispararse la concentración de ozono en el aire. Ya desde el 5 de abril pasado, y hasta el 30 de junio, se había establecido que todos los vehículos dejaran de circular un día entre semana y un sábado al mes, medida que se endurecería al escalarse las fases del plan.
Sin embargo, todo indica que tales acciones parecen estar de antemano condenadas al fracaso, pues no se fundan en un diagnóstico serio del problema, de raíz, sino que más bien se están atacando efectos en lugar de causas, y así no se va a ningún lado. Y es que el problema de la contaminación tiene profundas raíces estructurales: concretamente se debe al exceso de carros en circulación y a su desmesurado incremento, tras de lo cual están los intereses de las empresas automotrices, todo ello con los consiguientes efectos en polución del aire, congestionamiento vial y pérdida de horas hombre.
Según información publicada por El Economista el 17 de marzo pasado, en 2004 había en circulación 3.3 millones de unidades motorizadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, ZMVM (la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México); hoy, en general las instituciones y medios que se ocupan del asunto estiman en alrededor de 5.5 millones el número de automóviles en circulación en la ZMVM. El Economista cita a la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles), y apunta que en 2015 se registró un incremento histórico en la venta de carros, de 19 por ciento con respecto a 2014. A eso, agrega, deben sumarse los importados: 704 mil anuales en la última década. Según la AMIA, el mercado interno de coches aumentó en 7.7 por ciento en 2013 con respecto a 2012.
Además, entran vehículos usados que si bien resuelven problemas de personas con bajos ingresos, no dejan de ser desechos del parque vehicular norteamericano, altamente contaminantes, y México se ha convertido en basurero automotriz, con todas las consecuencias ambientales que ello implica: la edad promedio del parque vehicular es de 15.2 años (ExpokNews, Wards Auto).
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en los últimos 5 años la mitad del parque vehicular que entró en circulación en el País corresponde a autos usados importados de Estados Unidos, situación que provoca que el promedio de edad de las unidades envejezca (Ibíd.).
Como país somos seguidores destacados de un modelo económico consumista que impera en el mundo entero, y esto se ve en la industria automotriz. Caso paradigmático es el de Estados Unidos, donde existe en circulación un coche por cada 1.3 personas. Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en el año 2014 se produjeron en el todo el mundo 87 millones de automóviles, 165 cada minuto, y en 2010 el número de autos (mil 15 millones de unidades, sin incluir tractores) representó un sexto de la población mundial (ExpokNews, Wards Auto).
Y las consecuencias no se hacen esperar: a nivel global, en 2012, un total de 7 millones de personas murieron como consecuencia de la contaminación atmosférica: uno de cada ocho fallecimientos (OMS).
Así pues, la causa más profunda del problema es el afán desmedido de ganancias por parte de las empresas, que las lleva a vender lo más posible, desmesuradamente, lo cual se hace factible gracias a dos factores combinados.
El primero es la gran capacidad tecnológica alcanzada, característica distintiva del desarrollo capitalista, que permite producir enormes cantidades de productos en un tiempo menor; el segundo, la anarquía en la producción, ya advertida por los clásicos de la ciencia económica, entendida como la soberanía absoluta de las empresas para producir las cantidades que les venga en gana sin que poder humano alguno pueda establecer la más mínima racionalidad. He aquí el famoso laissez faire, laissez passer, himno del liberalismo, viejo y nuevo, que conduce a la producción de una plétora de mercancías, muchas veces más de las necesarias, donde la salud del hombre, su comodidad y seguridad es lo que menos importa.
Ante esa forma de organizar la economía, y de manera cada vez más alarmante, como vemos en el caso que nos ocupa, la realidad reclama una racionalización de la producción; muestra que ya no es posible seguir aceptando la soberanía del productor individual como amo absoluto del proceso productivo y su ganancia como el criterio dominante en las decisiones económicas; por el contrario, exige racionalizar la cantidad producida en función de necesidades sociales y subordinarla rigurosamente a la sustentabilidad del planeta, gravemente amenazada de continuar esta febril carrera de competencia. Adicionalmente, se hace patente la irracionalidad del modelo económico vigente en que por una parte se promueve la enloquecida venta de carros, mientras por otra se prohíbe su uso.
De acuerdo con lo dicho, resulta evidente cómo en el fondo las políticas públicas y el interés de las grandes empresas están sintonizados, y lo que impera no es el interés social, la salud y bienestar de las personas, sino el afán desmedido de las empresas por vender.
El gobierno hace mancuerna con éstas al ofrecer un servicio de transporte público altamente peligroso, caro (como los tuzobuses, vivabuses, etc.), incómodo y lento, como incentivo para empujar a quienes tienen cierto nivel de ingreso a optar como mejor solución por la compra de un coche particular, para lo cual, dicho sea de paso, el crédito es un mecanismo facilitador: 60 por ciento de las ventas es a crédito, un gran negocio para las distribuidoras y los bancos. Es claro que si se ofreciera un buen servicio de transporte público, barato, eficiente, cómodo y seguro, se verían afectadas las automotrices, pues menos personas buscarían adquirir un automóvil particular.
Además, el modelo urbanista en vigor también fomenta la adquisición de carros para uso personal, pues las ciudades y el diseño vial, el acceso a lugares públicos, etc., están pensados para automovilistas; los peatones, las personas más desprotegidas, han pasado a ser ciudadanos de segunda clase, virtualmente un estorbo para los poseedores de carros a quienes se privilegia, peor aún cuando esos peatones, en ejercicio de sus derechos ciudadanos y ante abusos gubernamentales, deciden marchar por la vía pública; entonces, el propio gobierno y los medios a su servicio fomentan el sentimiento de ultraje de dueños de coches que perciben como agredido su derecho sobre las vialidades.
Cabe destacar que en esta política juegan carreras los gobiernos de izquierda y de derecha sin distinción. En conclusión, en lugar de abrir más vialidades para los automóviles, horrendos segundos pisos que destrozan el paisaje urbano, y donde se hacen pingües negocios por funcionarios y constructoras, debiera invertirse en un sistema de transporte colectivo decoroso, cómodo, rápido, limpio y seguro. Haciendo así, las personas viajarían cómodamente, sin el estrés de manejar en calles congestionadas, y se evitaría la pérdida de millones de horas hombre y la quema exagerada de combustible que ensucia el aire. En fin, la solución de raíz debe pasar necesariamente por el diseño de una economía que privilegie el interés de los seres humanos sobre la ganancia.
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