Conjeturas

Molestia en el Ejército Mexicano

Francisco Cruz Angulo

Lunes, 10 de Octubre del 2016. 7:45:27 pm

Letra más grande

Hasta el día de hoy la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido incapaz de encontrar a los responsables del alevoso asesinato de 5 soldados y más de 10 heridos perpetrados durante una emboscada en las afueras de Culiacán, Sin.

En la que participaron en ese asesinato a mansalva alrededor de 60 sicarios del crimen organizado.

Si bien es cierto que existe una profunda indignación del Presidente de la República, de gobernador del Estado de Sinaloa, partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso de la Unión en las declaraciones de todos ellos no encontramos sólidas respuestas para atacar de fondo todo el problema de inseguridad pública en la que está inmersa la mayoría de los estados de nuestro país.

Con justa razón el Secretario de la Defensa Nacional, el General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda mostró su profunda indignación por la brutal ejecución de los elementos del Ejército cuando custodiaban a un peligroso delincuente para que recibiera atención médica. Reclamó el jefe del alto mando militar que desde hace 14 años los legisladores federales mantienen en la congeladora una ley que garantiza a las fuerzas armadas garantías y respeto de sus derechos humanos cuando combaten a diario a las bandas de la delincuencia organizada.

Se entiende la razonable exigencia del General Cienfuegos. Desde que ascendió al poder el panista Felipe Calderón cuando sacó a las calles al Ejército Mexicano a una cruzada violenta en contra del crimen organizado -responsabilidad que corresponde a las fuerzas policiacas civiles- expuso al Ejército a tareas para los cuales no está preparado llevándolo a un continuo desgaste moral ante la opinión pública.

Como lo señala nuestra Carta Magna la responsabilidad de brindar la seguridad pública en estados y municipios del país debe ser asumida por los tres órdenes de gobierno. Desde el gobierno panista de Felipe Calderón no se ha diseñado una eficaz estrategia para combatir a las bandas delincuenciales que siembran el terror y muerte a lo largo y ancho del país.

En principio los gobernadores de las entidades en donde hay más violencia eluden su responsabilidad y le echan la bolita a la federación o a los presidentes municipales.

Prueba de ello es que en varias entidades de la república no se ha implementado el mando único y ni se han asegurado que los cuerpos policiacos cumplan con los protocolos de confianza para de esta manera evitar la infiltración de los sicarios. Es más una gran cantidad de municipios de las regiones serranas en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz los carteles de la droga tienen como rehenes a los ayuntamientos.

De qué sirve que la clase política diga una y otra vez que se aplicará todo el peso de la ley en contra de quienes delinquen cuando nos encontramos con otra amarga realidad, esto es la complicidad manifiesta de ministerios públicos, jueces, magistrados y hasta gobernadores que se prestan a torcer la ley a cambio de dadivas millonarias. Más que actos de buena fe el Gobierno Federal, Estatales y municipales, por un lado deben garantizar buenos salarios, capacitación, moderno armamento y seguridad social a todos los cuerpos policiacos del orden civil y, por otro lado, la de castigar severamente a los responsables de procurar y administrar justicia cuando estos incurran en actos de corrupción.

Por hoy lo menos que pueden hacer los miembros del Congreso de la Unión es aprobar la ley que otorgue el marco normativo que proteja a los militares cuando permanezcan en las calles combatiendo al crimen organizado y de esta manera proteger sus derechos humanos y los de la sociedad civil.

Por mis pistolas.-A finales de la semana pasada en el marco de la creciente violencia que azota al país el Senador de la República por el Estado de Colima, el panista José Luis Preciado presentó una iniciativa de reforma a la ley federal de armas y explosivos en la cual presenta su brillante e inédita i-deota de que se permita a los automovilistas, transportistas de carga y propietarios de comercios incluyendo a particulares para que legalmente puedan traer armas de fuego para la defensa en contra del crimen organizado.

Como es de suponer esta iniciativa provocó la condena popular, de su propia bancada y de los legisladores de otros partidos políticos.

Esta pendejada, por no decir lo menos fue objeto de burlas al tildar al legislador colimense como “pancho pistolas” o “Mrs. Por mis pistolas”.

Parece que este legislador panista no midió el alcance de su propuesta al pretender combatir la violencia con más violencia. O desconoce o le hace al tío lolo que en el país de acuerdo a cifras proporcionadas por los altos mandos militares y los aparatos de seguridad pública federal a diario ingresan a nuestro país miles de armas de fuego de alto poder por la frontera con los Estados Unidos. Si se llegara a aprobar la mencionada iniciativa de ley en pocos años tendríamos miles de armas de alto poder en la sociedad civil, por lo que reinaría la ley de la jungla y el Estado de Derecho sería letra muerta.

Al contrario la legislación federal de aportación de armas de fuego debería de ser más restrictiva y severa.

Lo que deben de hacer nuestros legisladores es otorgar de toda la herramienta legal y económica a los cuerpos de seguridad pública en el país para que éstos cumplan con su deber de proteger la seguridad de todos los mexicanos.