René Órnelas/El Sol de Nayarit
Miércoles, 29 de Febrero del 2012. 8:15:40 pm
Letra más grande
En sesión ordinaria, los integrantes de la Trigésima Legislatura al Congreso de Nayarit, aprobaron de forma unánime una trascendental reforma a la Ley de Justicia y Procedimientos administrativos, que se traduce en dos puntos centrales que fortalecen al Tribunal como órgano garante en la entidad de la justicia administrativa.
Con la enmienda legislativa se crea un sistema profesional de carrera jurisdiccional administrativa, basado en la igualdad de oportunidades, reglas y procedimientos claros, justos y equitativos, a través de los cuales se determinará el ingreso, permanencia y desarrollo de sus servidores públicos, evaluando su capacidad, desempeño y méritos.
Acorde a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, 2011 2014, en la lógica de modernizar nuestras instituciones locales, la reforma aprobada por las diputadas y diputados, incidirá significativamente en la eficacia del servicio público que desde esta vertiente se ofrece a la ciudadanía, toda vez que la enmienda legal plantea con toda precisión cuales son los principios que deberá observar el personal de carrera en su desempeño profesional.
Destaca en este rubro la profesionalización y la evaluación del desempeño, que se sustentará en el establecimiento de parámetros de rendimiento, mérito, cumplimiento de objetivos y funciones en el puesto, productividad, disciplina institucional, responsabilidad y aportaciones al trabajo institucional, que permitan una valoración constante del personal.
Lo anterior adquiere mayor relevancia, cuando se trata de instituciones públicas encargadas de impartir justicia a los ciudadanos, puesto que siendo éstas las directamente obligadas a escuchar los reclamos, resulta lógico pensar que a ellas les asiste de origen la obligación de transformarse cotidianamente al tenor de la realidad social.
Plena jurisdicción, que se traduce en garantizar al ciudadano el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, por parte de la autoridad demandada.
La reforma nace a partir de la tendencia a nivel nacional de otorgar a los distintos tribunales contencioso-administrativos de las entidades federativas, así como al propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, entendida ésta como la plena jurisdicción, la práctica diaria en muchos de los estados ha puesto de manifiesto que aún falta mucho por hacer para lograr el cumplimiento de las sentencias administrativas, en particular respecto a aquéllos casos donde existe la imperiosa necesidad del restablecimiento de los derechos subjetivos públicos, de una indemnización económica a cargo del presupuesto o de compeler a autoridades que gozan de fuero constitucional, al irrestricto acatamiento del fallo favorable al ciudadano.
Precisamente, el recorrido histórico permite advertir la evolución de la jurisdicción administrativa, donde en un inicio no se establecía procedimiento alguno para el cumplimiento de sus sentencias, puesto que se consideraba que estos tribunales solamente se limitaban a declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas.
Con el correr del tiempo y el aumento de las necesidades sociales, se ha ampliado su competencia hasta contar el día de hoy con órganos jurisdiccionales y procedimientos especiales, considerados como parte del sistema contencioso-administrativo mixto, pues en algunas ocasiones las sentencias se limitan a declarar la nulidad de la resolución impugnada, y en otras será un contencioso subjetivo o de plena jurisdicción, cuando decidan la reparación del derecho subjetivo público conculcado al ciudadano, anulando no sólo el acto, sino también fijando los derechos del actor y condenando a la administración demandada a restablecer y hacer efectivos tales prerrogativas.
En este orden de ideas, la Trigésima Legislatura determinó reformar la Ley y propiciar la consolidación de la evolución progresiva que ha tenido el Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit. Para lograr dicho propósito los legisladores con la reforma legal han dotado al Tribunal de un procedimiento ágil, seguro, eficaz y transparente, para el debido cumplimiento de sus resoluciones definitivas.
Un punto de coincidencia entre los diputados de los distintos partidos políticos representados en el Congreso del Estado, es que la reforma legal fortalece la facultad del Tribunal, al otorgarle mayores cauces legales para exigir el cumplimiento de sus resoluciones, siguiendo la tendencia que varios estados de la República han implementando en la materia, como Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Distrito Federal y la propia Federación.
El Congreso del Estado ha dotado adicionalmente al Tribunal de tres cauces legales eficaces para la plena ejecución de sus resoluciones, puesto que en algunos casos se prevé que sea la propia Sala quien ante la rebeldía del servidor público incumplido, ordene las medidas necesarias para el debido cumplimiento. Asimismo, tratándose de resoluciones de trámite que deban ser anuladas, se faculta a los Magistrados a que pueda dictar la nueva determinación en caso de que la autoridad no lo haga, y finalmente, cuando se trate de condenas en cantidad líquida, ahora el servidor público no podrá alegar falta de recursos económicos para pagar la indemnización correspondiente, puesto que la reforma ahora contempla la obligación de que gestione la ampliación o creación de la partida presupuestal conducente.
Comentarios