Redacción/El Sol de Nayarit
Jueves, 9 de Agosto del 2012. 5:46:15 pm
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La mañana de este jueves el diputado Alejandro Galván, se presentó ante el Agente del Ministerio Público en las instalaciones de la PGJ, a fin de presentar formal denuncia penal en contra de Antonio Tello, Jorge Vargas López y el periódico El Universal por los delitos de difamación.
Como se sabe, Antonio Tello inició desde hace varios meses un pleito personal con el diputado Alejandro Galván, en el que utiliza cualquier argumento tratando de exponer al diputado priista, tal y como ocurre en esta ocasión, en la que el abogado Jorge Vargas López demandó a Galván por una supuesta deuda a Arcelia Lyssete García Bertrand, la que argumenta que vendió a Alejandro Galván dos empresas antes de irse a vivir a San Diego, California: la cafetería DVolada ubicada en la avenida Jacarandas y el lavado de carros Auto Express localizado por el boulevard Tepic-Xalisco.
Claro está que este suceso fue aprovechado por Antonio Tello para arremeter contra Alejando Galván, estableciendo que el diputado debe 300 mil pesos, los que se niega a pagar a la acreedora; incluso el periodista, como corresponsal de El Universal, publicó en ese diario una nota en la que intenta desprestigiar al legislador, exponiendo la versión del abogado Jorge Vargas López.
Sin embargo, Alejandro Galván establece que él no le debe nada a la persona que ellos dicen: Tengo los recibos firmador por la compra-venta del Autolavado, en cuanto al otro negocio denominado DVolada yo no tengo nada que ver.
Además establece que más adelante presentará una demanda por daño moral por los ataques a su persona y agrega: Tello me ha venido amenazando reiteradamente, que me va a hundir, que me va a impedir el paso a la gubernatura y tengo una conversación donde me dice que me va a publicar en El Universal cuando me tropiece, pero este no es un tropiezo.
Sin duda alguna, esta situación se torna lamentable, sobre todo al convertirse en un pleito mediático y personal cuando los representantes de los medios informativos prejuzgan a funcionarios y dejan de lado las instancias legales en asuntos que por su naturaleza deben dirimirse en los tribunales.
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