Carlos Rentería/El Sol de Nayarit
Miércoles, 29 de Agosto del 2012. 12:31:28 pm
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El proyecto de la comisión calificadora de la elección presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone declarar infundado el juicio de inconformidad con el cual la coalición de izquierda solicitó invalidar el pasado proceso del 1 de julio.
Si el pleno del TEPJF, conocido también como Trife, valida el proyecto, los comicios presidenciales no serán anulados.
Los magistrados Flavio Galván Rivera, Salvador Nava Gomar y Constancio Carrasco Daza, integrantes de la comisión calificadora, circularon el documento entre el resto de los magistrados. Se prevé que la Sala Superior vote el proyecto este jueves.
De acuerdo con fuentes del sector electoral, el reporte de casi 3 mil hojas concluye que no existen pruebas contundentes de que el candidato priísta Enrique Peña Nieto violó el tope de gastos de campaña o de haber adquirido tiempo en televisión de forma indebida.
Agrega que tampoco hay evidencia de que utilizó encuestas para favorecer su candidatura o de que hubo coacción del voto a su favor.
Las mismas fuentes señalaron que en las valoraciones de quienes formularon el proyecto de sentencia también pesaron los resultados de la elección presidencial, asentados en las actas de escrutinio y cómputo.
Tras la conclusión del último juicio de inconformidad, el Trife procedería a emitir y aprobar el dictamen relativo a la declaración de validez de la elección presidencial.
En el tribunal, refirieron las fuentes, existen dos posiciones: una propone votar el dictamen este fin de semana y otra pide hacerlo el día límite, el 6 de septiembre.
Se prevé que en la misma sesión en la cual el tribunal califique los comicios se emitirá el cómputo final de la elección presidencial.
El Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) presentó el 12 de julio el juicio de impugnación contra el triunfo del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de violación generalizada a principios constitucionales, como la equidad que debe regir los procesos electorales y libertad de sufragio.
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