Milenio /El Sol de Nayarit
Miércoles, 7 de Noviembre del 2012. 12:33:27 am
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Para evitar la compra - venta de vehículos robados en el estado de Nayarit la dirección de Tránsito estatal endureció las leyes y a las personas que sean detenidas por este delito se les aplicará una pena de ocho años de prisión y multas de 300 a 1000 días de salario mínimo.
El director de la dependencia, Francisco García Villela dijo que todas las unidades usadas tendrán que ser sometidas a revisión por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia.
La reforma a la Ley de Tránsito del estado fue aprobada por el Congreso local el pasado 12 de octubre para castigar hasta con ocho años de prisión a quienes oferten, compren y vendan vehículos usados y entreguen documentación apócrifa, además de que ahora tendrán que acudir a certificar dichas unidades ante personal de la Procuraduría General de Justicia a efecto de realizar trámites posteriores como reemplacamiento o cambio de propietario ante la dirección de Tránsito.
García Villela explicó que a partir del presente mes entra en vigor esta nueva reforma a través del artículo 60 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado.
En este apartado se señala que quienes oferten, compren, vendan o adquieran por enajenación de cualquier forma vehículos usados, deberán recabar certificados periciales de procedencia legítima que en relación del automotor, deberá de emitir la Dirección de Tránsito del Estado o la Procuraduría General de Justicia.
Lo anterior, obligará a quienes se dedican a la venta de autos usados a entregar las unidades con todos los documentos en regla y primeramente tendrán que acudir a certificar los vehículos y cuando sean exhibidos para la venta tendrán que llevar su documento de que ya fue verificado.
Esta nueva reforma obedece a que en los últimos meses se ha detectado un considerable número de vehículos que resultan robados al momento de ser verificados mientras tratan de realizar trámites ante Tránsito del Estado.
Quienes presenten irregularidades en su documentación, quienes los vendan serán sancionados con una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años en prisión y multa de 300 a 1000 días de salario mínimo.
En la entidad se tiene un padrón de 180 mil vehículos particulares, más de 14 mil de transporte público en su modalidad de taxis, combis y camiones urbanos.
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