Suprema Corte de Justicia analiza controversia constitucional del Poder Judicial de Nayarit

Yatzuky/El Sol de Nayarit

Miércoles, 24 de Abril del 2013. 9:41:05 am

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En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dado trámite y se encuentra en estudio una controversia constitucional derivada de una respuesta a la solicitud del Poder Judicial de Nayarit para que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación le restituya los gastos que, en 2011, representaron casi 7000 diligencias ordenadas tanto por los juzgados de distrito como por los tribunales colegiados de circuito y que fueron realizadas por los juzgados de primera instancia y las salas del Tribunal Superior de Justicia del estado.

En la mencionada solicitud acordada el 10 de julio de 2012 por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado se explica que los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito, ejercen jurisdicción en todo el estado de Nayarit y por tanto les resultan aplicables los criterios de notificación y realización de diligencias contenidos en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir que les asiste la responsabilidad de realizar, por sí mismos o por conducto de personal secretarial o actuarial expresamente facultado para ello, las mencionadas actuaciones.

No obstante esta prevención —se indicó en la mencionada solicitud—, se ha convertido en una práctica común y cotidiana que en lugar de efectuar tales diligencias, “su celebración les sea exigida a los jueces del orden común, incluso bajo requerimientos, y con apercibimiento de multas”. De ahí que con una premisa de corte federalista y en aras de la equidad presupuestaria, se solicitara la restitución de los gastos correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal.
Dos meses después de la respetuosa petición, en octubre de 2012 el director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal respondió mediante oficio que ese órgano de la Federación no cuenta con atribuciones constitucionales y legales para resolver la solicitud de su similar de Nayarit, pues aborda cuestiones que son ajenas a sus facultades y obligaciones, como la asignación de recursos de carácter público y la interpretación de índole jurisdiccional.

Por ello, en diciembre pasado el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, interpuso una controversia constitucional a fin de que sea revisada la respuesta del director general de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal a la solicitud de su similar de Nayarit.

Y este martes, en la sede de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México, el magistrado Enríquez Soto dialogó al efecto con la ministra Olga Sánchez Cordero, quien tiene a su cargo el estudio de la controversia y en su momento someterá el correspondiente proyecto de resolución al pleno del máximo tribunal del país.

En el encuentro el magistrado Enríquez Soto ejerció su derecho de audiencia, con pleno respeto a la investidura de la ministra Sánchez Cordero.

Cabe señalar que en su demanda de diciembre ante la Suprema Corte, el presidente del Poder Judicial de Nayarit expone razonamientos enderezados a justificar por qué al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación pudiera revestirle el carácter de sujeto pasivo para ser demandado en la vía de controversia constitucional y solicita el pronunciamiento del Alto Tribunal para resolver el conflicto por la vía que considere pertinente.