Policías municipales de San Blas violan derechos humanos: CDDH

*CDDH aclara que la Policía de San Blas por imprudencia, viola derechos humanos

Yatzuky/El Sol de Nayarit

Miércoles, 5 de Junio del 2013. 1:53:54 pm

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La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) para el Estado de Nayarit, dio a conocer por medio de una recomendación emitida al Presidente Municipal de San Blas, Porfirio López Lugo, que queda acreditada la carencia de medidas mínimas y vigilancia para garantizar la integridad de las personas que se encuentran en custodia de la policía de ese municipio.

Los hechos documentados por la CDDH de Nayarit, se refieren al deceso de una persona que fue detenida y trasladada a los separos de la Delegación de Jalcocotán, del Municipio de San Blas, Nayarit, el día 30 treinta de Noviembre del año 2012.

Durante la investigación se comprobó que el día en mención, los elementos de la policía municipal adscritos al poblado de Jalcocotán, en su totalidad y de manera imprudente, se retiraron de las instalaciones en donde se encontraba recluida la persona antes mencionada, para trasladarse al Puerto de San Blas, con la finalidad de cobrar su salario quincenal; quedando las instalaciones sin la vigilancia y con la puerta de acceso cerrada con un candado; luego, bajo estas circunstancias el detenido realizó las acciones tendentes a privarse de la vida, colocó un trozo de tela en la estructura metálica de su celda y se suspendió de ella para quitarse la vida.

Dentro de las deficiencias advertidas por el Organismo Protector de los Derechos Humanos, fue que el agraviado, al momento en que ingreso a los separos municipales y durante el tiempo que estuvo detenido, no fue sujeto a ninguna revisión por un médico y psicólogo que certificara su estado de salud física y mental; como tampoco, que hubieren recibido la atención médica oportuna dadas las circunstancias ya relatadas, que le pudiera brindar una oportunidad de vida; esto porque en la Delegación de Jalcocotán, se carece de médico adscrito que pudieren actuar con la pericia y prontitud debida a la situación que prevalecía en ese momento.

Siendo indiscutible la responsabilidad de las instituciones carcelarias respecto de la vida e integridad física de quienes están dentro de ellas, tanto de internos como del personal y visitantes; en ese sentido, el primer responsable de la vida de los internos en un centro de reclusión es la autoridad encargada del mismo; bajo esa postura, el Organismo Autónomo, dejó en claro, que las cárceles o separos destinados para cumplir con el arresto o encarcelamiento de carácter administrativo, deberán ser lugares creados ex profeso, que cumplan las condiciones de seguridad necesarias que permitan la adecuada custodia y vigilancia de las personas detenidas, con el fin de tutelar su derecho a la protección de su integridad personal, lo que engloba el derecho a la vida, y el derecho a la integridad física y psicológica.

Asimismo, precisa que los agentes de seguridad y custodia deben tener definido un procedimiento para la internación o reclusión de las personas arrestadas, en el que se prevean las circunstancias físicas y psicológicas de la persona detenida.

Con base en todo ello, el organismo solicitó la instauración de procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa en la que pudieron incurrir los servidores públicos, por las violaciones a los derechos humanos antes relatadas, igualmente que se diseñe un protocolo de medidas de seguridad que incluya, entre otras, aquellas que garanticen la seguridad y el orden al interior de la cárcel o separos municipales. Asimismo, se incluya un procedimiento de ingreso, se disponga por lo menos de los servicios de un médico calificado; y se ofrezcan cursos de capacitación a los agentes de policía municipal.



*Imagen ilustrativa