Redacción/El Sol de Nayarit
Sábado, 28 de Enero del 2017. 1:09:05 pm
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Este día, un grupo de abogados presentó en Nueva York una primera demanda contra la orden aprobada el viernes por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la entrada al país de refugiados y ciudadanos de ciertos países en su mayoría musulmana, al considerarla anticonstitucional.
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La acción, promovida por varios grupos de derechos civiles, está impulsada en nombre de dos iraquíes que habían obtenido visados para viajar a Estados Unidos y que fueron retenidos a su llegada a un aeropuerto de Nueva York, apenas unas horas después de la aprobación de la orden.
La demanda, de 20 páginas, insiste en que no hay ningún motivo para la detención de los dos hombres, que tenían todos sus papeles en regla y denuncia la nueva política como contraria a la Constitución.
"La guerra contra la igualdad del presidente Trump ya está teniendo un terrible peaje humano. No puede permitirse que este veto continúe", dijo en un comunicado Omar Jadwat, el Director para Derechos de Inmigrantes de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las organizaciones de este tipo más importantes del país.
La ACLU es uno de los grupos que está detrás de la demanda presentada en Nueva York, que busca que el juez ordene a las autoridades que no detengan " ningún individuo solo con base en la orden ejecutiva" aprobada por Trump.
La medida de la Casa Blanca ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales no pisan territorio estadounidense.
Además, suspende durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de "escrutinio extremo", en principio los principales países afectados son; Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.
Al respecto, el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses, señaló a través de un comunicado; "Esta es una orden basada en la intolerancia, no en la realidad", e insistió en que no hay ninguna prueba de que los refugiados supongan una amenaza a la seguridad nacional.
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