Se crea la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil que pretende evitar tragedias como la ocurrida en la Guardería ABC
René Órnelas/El Sol de Nayarit
El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad crear la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil que permitirá establecer las normas y lineamientos a los que deberán sujetarse las estancias infantiles y garantizar que operen en condiciones de calidad, seguridad y protección adecuadas.
Con la propuesta -impulsada desde el año pasado por el senador Javier Castellón Fonseca- se establecerá un marco legal acorde con las necesidades y capacidades de las niñas y niños, para salvaguardar la protección de sus derechos y garantizar su desarrollo integral.
Así, al quedar aprobada esta iniciativa todos los servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo integral infantil que presten dependencias o entidades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, por sí mismas o a través de centros o unidades del sector social o privado, deberán garantizar que los menores se encuentren en un entorno seguro, libre de violencia, protegidos de actos u omisiones que afecten su integridad física o psicológica.
También, los niños deberán recibir un servicio de calidad por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación desde un enfoque de los derechos de la infancia; así como atención y promoción de la salud, alimentación y nutrición adecuadas, cuidados y educación apropiada a su edad.
La propuesta probada además establece los siguientes objetivos: garantizar el reconocimiento de la dignidad de la niñez, crear condiciones para promover el respeto, protección y ejercicio pleno de sus derechos; garantizar una coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno, e implementar medidas para garantizar la extensión cuantitativa y, sobre todo, cualitativa de dichos servicios.
Con esta nueva Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil queda estipulado que para que una institución, centro o unidad pueda operar, debe contar con un reglamento interno, número de registro, manuales técnico-administrativos y de seguridad, programa de trabajo.
Así como infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen condiciones de seguridad y documentos que acrediten cumplimiento de medidas de salubridad e higiene para los menores.
De igual forma, la propuesta impulsada por el senador del PRD establece sanciones para los servidores públicos que cometan alguna violación a los preceptos establecidos y para cuando a consecuencia de sus actos u omisiones culposas, se cause la muerte o lesión física o psicológica, de uno o varios niños.
Igualmente, se sancionará a las personas que sean propietarios, responsables y al personal de los centros o unidades del sector social o privado que incurran en alguna violación que agreda la integridad de los infantes; por lo tanto, los padres de los niños tendrán derecho a la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos médicos o psicoterapéuticos que sean necesarios.
El senador Francisco Javier Castellón Fonseca destacó comentó que esta iniciativa surgió del empuje de las mujeres y hombres que convergen en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, que suma expresiones de rechazo, indignación y solidaridad con la demanda legítima de justicia que enarbolan las madres y los padres de las niñas y los niños víctimas del incendio en la Guardería ABC.
En este tenor, recordó que el 5 de junio de 2009, se registró un incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños y 75 resultaron con quemaduras severas, el cual representó una de las más grandes tragedias ocurridas en el país, pues hubo violaciones graves a los derechos más elementales como la vida, seguridad e integridad física y psicológica de niños de entre seis meses y cuatro años de edad.
Comentó que esta tragedia evidenció las debilidades que existen en materia de operación y vigilancia de los centros de cuidado infantil; que la legislación no responde verdaderamente a una política de cuidado, aprendizaje y desarrollo de la infancia en nuestro país; así como un cúmulo importante de inobservancias, desinterés o trasgresiones a la legalidad por parte de las autoridades.
Por ello, resaltó la urgencia de una transformación profunda de las condiciones en que se prestan los servicios de cuidado infantil en el país, para que hechos como el incendio de la Guardería ABC, no se repitan.
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